Por Taller Ninja Ecuador

Karina Monteros atraviesa por una angustiante incertidumbre desde hace casi dos años. Ella enfrenta un proceso judicial, acusada de “paralización del servicio público”; el Ministerio del Interior es la instancia demandante.

El 13 de Agosto del 2015, esta mujer de 32 años, y gran parte del pueblo quichua Saraguro, del que ella es oriunda, se unieron al levantamiento indígena convocado a nivel nacional. “Teníamos varias afectaciones a nuestro modo de vida”, recuerda Karina, como la principal razón que les llevó a manifestarse contra el gobierno de turno.

La medida que tomaron fue cerrar la vía Panamericana, aledaña al territorio donde Monteros y su comunidad habitan, en la provincia de Loja. Según Monteros, los primeros cuatro días de protestas se desarrollaron sin mayores incidentes, hasta que llegó el 17 de Agosto. En la mañana de ese día, “alrededor de tres mil efectivos policiales y dos mil militares” desplegaron un operativo contra unas cuatrocientas personas que se encontraban en la manifestación, según calcula Karina.

“Estábamos sirviéndonos alimentos, nunca en una actitud hostil. Los dirigentes pidieron el diálogo, para tratar de coordinar la apertura temporal de la vía, pero ellos llegaron directamente a abrir las vías con violencia y, sobre todo, tenían la consigna de llenar dos buses de detenidos”.

Aquella acción de la fuerza pública tuvo como resultado la detención de alrededor de 31 personas. En ese grupo estuvo Karina. “Alegaban que nos habíamos resistido con violencia. Sin embargo, no tenían ninguna prueba de eso”, expresa ella, y precisa que se mantuvo 16 días encerrada en una prisión de Loja.

Aunque Monteros pudo abandonar la prisión, ella se mantiene con medidas sustitutivas, hasta que el juez competente dicte una sentencia. Actualmente, el proceso judicial de esta madre soltera, de una pequeña de 12 años, se encuentra en etapa de casación, y enfatizó en que “hemos apelados tres veces y es la última oportunidad que tenemos”.

Karina recalca que no es la única persona procesada por el delito del que se le acusa. De las 31 personas arrestadas en aquella ocasión, 17 todavía afrontan procesos abiertos, mientras los restantes fueron declarados inocentes. Ella lamenta que existan otras mujeres, también madres de familia, que afrontan esta situación; recuerda que el día de la detención, ellas se encontraban con sus hijos en las protestas, quienes fueron testigos de la acción de policías y militares. Además, Monteros destaca principalmente el caso de una dama de la tercera edad, quien tiene el oficio de partera, “una mujer de medicina de su comunidad, que está próxima a ser sentenciada”.

La incertidumbre de Karina y de las otras personas que viven su misma situación, aún se prolongará hasta que el juez emita la sentencia definitiva. Ella explica que, en el caso de ser declarada culpable, tendría que pagar una multa y cumplir trabajo comunitario. No obstante, tiene el temor de ir a la cárcel entre 1 y 3 años, porque, de acuerdo con ella, la parte acusadora no está de acuerdo con esas medidas alternativas de sentencia.