El día 6 de mayo en la ciudad de Cartagena, una de las capitales del Caribe Colombiano, se presentó un grave incidente que aumenta la preocupación frente a las garantías reales para las y los defensores de Derechos Humanos en Colombia, en el marco de un proceso de paz. 
Imelda Daza.

Imelda Daza. Fotografía de Redes

Los hechos reportados fueron: Siendo  las 7:00 P.M. aproximadamente del viernes 6 de mayo de 2016, mientras  se llevaba a cabo una asamblea ampliada en la que se encontraban  militantes de la Unión Patriótica Bolívar, Marcha Patriótica Cartagena,  Juventud Comunista Colombiana Cartagena y Juventud Rebelde Cartagena y  que contaba además con la presencia de Imelda Daza ex candidata a la  Gobernación del Cesar, sobreviviente del genocidio de la Unión  Patriótica – UP y dirigente nacional de este partido, se presentó una  grave situación de seguridad al interior de la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción de Cartagena SUTIMAC en la  ciudad de Cartagena.

Los hechos reportados fueron: “Siendo  las 7:00 P.M. aproximadamente del viernes 6 de mayo de 2016, mientras  se llevaba a cabo una asamblea ampliada en la que se encontraban  militantes de la Unión Patriótica Bolívar, Marcha Patriótica Cartagena,  Juventud Comunista Colombiana Cartagena y Juventud Rebelde Cartagena y  que contaba además con la presencia de Imelda Daza ex candidata a la  Gobernación del Cesar, sobreviviente del genocidio de la Unión  Patriótica – UP y dirigente nacional de este partido, se presentó una  grave situación de seguridad al interior de la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción de Cartagena SUTIMAC en la  ciudad de Cartagena.

Según  testigos presenciales de los hechos, un sujeto ingresó al interior de  la sede, subió hasta el segundo piso en donde se desarrollaba el evento y  disparó en la cabeza de uno de los escoltas del presidente de SUTIMAC  Cartagena Manuel Fernández Leguía y posteriormente contra varios de las  personas que allí se encontraban.

Es  de señalar que el presidente de SUTIMAC Manuel Fernández  e Imelda  Daza, gozan de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de  Protección – UNP y por eso se encuentran acompañados de personal de  seguridad que por fortuna lograron repeler el atentado“.

Además de este hecho ese mismo día se emitieron amenazas a líderes de movimientos sociales en el Valle del Cauca, las cuales se unen a una serie de hostigamientos que viene realizando el grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia en diferentes zonas del territorio colombiano y con mayor intensidad durante lo corrido del presente año. Resulta importante señalar que este grupo está constituido por antiguos miembros de los grupos de paramilitares que participaron de un proceso de desmovilización en el año 2005, en el marco de la denominada ley de Justicia y Paz.

Además del mencionado grupo existen otras agrupaciones que el gobierno y los medios hegemónicos han denominado como BACRIM (Bandas criminales), cuyo objetivo ha sido sembrar miedo y terror a las organizaciones sociales que se encuentran en el legítimo ejercicio de la defensa de la vida, el territorio, el agua y los derechos humanos. Las intimidaciones y amenazas han sido dirigidas principalmente a líderes de comunidades rurales campesinas, indígenas, afrodescendientes y palenqueras de toda Colombia, además de miembros de organizaciones sociales que han sido históricamente perseguidas y sistemáticamente acalladas, como es el caso de la Unión Patriótica así como la Marcha Patriótica y El Congreso de los Pueblos.

Desde organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales se hace un llamado al gobierno y a los representantes sentados en la mesa de diálogos de paz para que se ofrezcan verdaderas garantías de no repetición. Además de la instalación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, se hace un llamado colectivo y desde la sociedad civil por el #DesmonteDelParamilitarismo

Es evidentemente que el ataque fue planificado y destinado a atentar contra la vida de los  luchadores  sociales que se encontraban concentrados en ese lugar debatiendo temas de paz y reconciliación para el país. Compartimos la denuncia pública que resume la exigencia de justicia y garantías para las y los defensores de Derechos Humanos en Colombia en el marco de la  realización  de diálogos de paz que están siendo constantemente  empañados con noticias sobre la criminalización, judicialización y  hostigamiento a  Defensores y Defensoras.

DENUNCIAMOS

– Ha sido insistente el llamado de la Juventud Comunista Colombiana sobre los hechos de violencia, amenaza y persecución que hoy enfrenta el movimiento social y popular del país.

-Semana tras semana, los hechos de hostigamiento y atropello hacia los luchadores y luchadoras por la paz van en una escalada que deja varias personas asesinadas, desplazadas y judicializadas.

– No creemos que se trate de hechos aislados, estamos plenamente convencidos que este es un plan de exterminio y desestructuración del movimiento popular de magnitudes significativas y que representa un grave obstáculo para que la paz que se dialoga en la Habana pueda ser una realidad en las regiones del país.

-El fenómeno paramilitar sigue latente en el Caribe Colombiano y en todo el territorio Nacional como lo demostró el pasado paro armado. En tanto no se tomen medidas para desarticular estas fuerzas oscuras, el sicariato, las amenazas y la persecución seguirán siendo el difícil escenario en el que nos tendremos que mover  quienes a través de la pedagogía, las ideas y la movilización nos pensamos un país en paz y en democracia.

EXIGIMOS

– Al gobierno de Juan Manuel Santos que de manera inmediata se analicen los casos reportados por las organizaciones sociales en contexto y en profundidad, que se arrojen resultados sobre quienes están detrás de estos hechos de sangre, persecución y hostigamiento que en este primer semestre ascienden a cifras alarmantes.

– Se hagan efectivas las garantías para el ejercicio crítico de la lucha dentro de las universidades, los sindicatos, los sectores políticos alternativos y eso va más allá de esquemas y teléfonos celulares, requiere un compromiso político y una interlocución con los sectores afectados.

-Se brinden respuestas oportunas por parte de las instituciones del Estado Colombiano y que estas no estigmaticen la justa lucha de los sectores sociales que requieren acompañamiento en las denuncias y seguimientos de los casos.

-Se garantice la vida e integridad de los sectores sociales del país, en especial de nuestra militancia.

-Sea este un llamado para reiterar la exigencia de libertad inmediata de los compañeros de la Universidad de Antioquia judicializados desde la movilización del primero de Mayo de este año con pruebas falsas