Por: Alejandro Villatoro

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En una conferencia de prensa llevada cabo en la ciudad de Guatemala, en la que participaron la Asociación Gente Positiva, AHF Guatemala, ONUSIDA y el Observatorio de Derechos Humanos, se dio a conocer la crisis en que se encuentran las personas con VIH en el país, debido al desabastecimiento de medicamentos en los hospitales nacionales.

Las personas que viven con VIH en Guatemala no solo tienen que enfrentarse al acceso limitado a empleos, a estigmas y a la discriminación, sino que este año enfrentan una lucha más en su vida cotidiana: una aguda crisis en los hospitales nacionales, cuya consecuencia directa es el desabastecimiento de medicamentos y la falta de tratamientos adecuados para la salud de las mismas.

Tan solo en el mes de enero, se han detectado 21 casos nuevos a nivel nacional. Se estima que en el 2016, la cantidad de casos podría incrementarse a 6.000 más. Las personas ingresantes al sistema de salud, se encuentran con la falta de medicación tanto en los hospitales nacionales como en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Una crisis tan grave que ya no se estarían recibiendo a más personas con VIH. Por lo tanto, existe una evidente falta por parte del estado de cumplir con su responsabilidad de proveer medicamentos y atención integral de la salud.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en sus artículos 3, 93, 94 y 95 respectivamente, establece el deber del Estado de garantizar a sus habitantes la vida, la salud y la asistencia social como derechos fundamentales. El Decreto 27-2000 (Ley General para el combate del VIH) reconoce al VIH como un problema social de urgencia nacional y que implica el involucramiento de distintas autoridades y entidades del estado para promover el bienestar social.

La mencionada ley crea el Programa Nacional de VIH/SIDA, encargado de las acciones de prevención y atención de VIH en todo el país. Desafortunadamente, dicho programa carece de presupuesto necesario para la contratación de personal y atención integral de la salud. El presupuesto nacional ha sido históricamente limitado para este tipo de programas, pero en los últimos años ha sido cada vez mas ajustado. Siempre se ha requerido la suma de 146 a 148 millones de quetzales anuales destinados a dichos programas, pero sólo se ha mantenido en 42 y 44 millones aproximadamente. En el 2016, el presupuesto nacional se redujo drásticamente a 10 millones de quetzales anuales. La baja presupuestaria conlleva consecuencias inmediatas en la vida de las personas con VIH, ya que si pasan 15 días sin tomar la medicación, se produce resistencia al virus y eso habilita a que se tengan que adquirir medicamentos más costosos. Por esta razón, muchas veces la persona abandona el tratamiento, lo que indefectiblemente a mediano plazo puede a ocasionarle la muerte.

Ante esta situación, las distintas organizaciones y bases comunitarias que promueven los derechos de las personas con VIH, han planteado como estrategia la negociación con las autoridades del estado para incrementar el presupuesto nacional respecto del Programa Nacional de VIH/SIDA, y acudir, en definitiva, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas precautorias, con el fin de abastecer a los hospitales de medicamentos antirretrovirales.

A nivel nacional, se ha solicitado a la Procuraduría de los Derechos Humanos que dicte una sentencia condenando el desabastecimiento y tome medidas cautelares al respecto, ya que el estado es responsable tanto del abastecimiento como del desabastecimiento. También se ha solicitado que se declare no-gratos y violatorios a los derechos humanos, a las y los magistradas/os de la Corte de Constitucionalidad, por la resolución que emitieron hace unos días beneficiando a empresas muy poderosas de distribución de productos farmacéuticos, lo que afecta la compra por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de medicamentos genéricos para reducir los costos a las personas con VIH. La Procuraduría de los Derechos Humanos es cómplice, junto al Ministerio de Salud, pues ha dejado de tomar acciones para velar por los derechos humanos de las personas con VIH.

Según Rodrigo Pascal, asesor en derechos humanos y género de ONUSIDA, la comunidad internacional apoya el movimiento de personas viviendo con VIH. “El tratamiento no es sólo para salvar vidas sino que también es una estrategia de prevención de la transmisión del virus”, argumenta. Según Pascal, es muy importante y muy necesario que no existan los desabastecimientos porque las personas están arriesgando sus vidas y la responsabilidad del nuevo gobierno es invertir los recursos necesarios para abastecer a los hospitales con medicamentos antirretrovirales y acceso a tratamiento de forma continua y sin interrupciones; caso contrario, se está poniendo en riesgo no solo la vida de las personas que viven con VIH, sino que también se afecta el bienestar de la comunidad. Hay que entender que el problema no es sólo económico, sino que también hay vidas en riesgo. El acceso a los tratamientos es prevención. Al haber desabastecimiento y no tener acceso a los medicamentos, se afecta a toda la comunidad en general en materia de salud y derechos humanos.

Existe el temor en las organizaciones de derechos humanos que promueven los derechos de las personas con VIH, de que la cooperación internacional se canse de la irresponsabilidad del gobierno, y por ende, retire su apoyo técnico-económico y las personas queden completamente abandonadas/os. Por el momento, ya se conoce que el Fondo Mundial, quien apoya con 88 millones de dólares cada tres años, se retirará de Guatemala en septiembre de 2016.

La transmisión del VIH en Guatemala se caracteriza por estar concentrada, sin embargo, eso no implica que no sea necesario invertir en recursos de prevención. La transmisión del virus se focaliza particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres trans, en trabajadoras sexuales y jóvenes, incluso niñas y niños de 6 a 14 años tiene VIH, según datos oficiales de ONUSIDA. Serían estas las poblaciones con las que hay que dirigir prioritariamente la prevención.

Como argumenta Marleny Negreros, abogada de AHF Guatemala: “No se debe esperar a tomar acciones de emergencia sino tener planes de educación a la población y a las autoridades para tomar acciones preventivas”. El gobierno debe dar el financiamiento necesario para hacer las compras todos los años. El Ministerio de Salud puede recibir cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud o de la Organización de las Naciones Unidas, para llevar a cabo las acciones de compra y abastecimiento de medicamentos. Lo que debe hacer el nuevo gobierno como medida de urgencia es reducir los costos de los medicamentos a través de la compra de genéricos, declarar una emergencia de salud púbica y asociarse con otros países de Centroamérica para comprar medicamentos en conjunto. Se trata de un tema de voluntad política que se traduce en acciones concretas y recursos económicos, como señaló Aldo Dávila, director ejecutivo de la Asociación Gente Positiva.

La comunidad internacional y la sociedad civil deben estar atentas respaldando de manera amplia la lucha por el acceso a medicamentos y tratamientos. La responsabilidad del estado radica en garantizar el acceso integral respecto a la salud de las personas de su país.

Como se mencionó anteriormente, los medicamentos antirretrovirales son también una estrategia de prevención. Cuando se reducen las posibilidades de transmisión, es decir que hay acceso al tratamiento, se construye una cultura de prevención donde se garantizan los derechos a la vida y a la salud de las personas y de la comunidad.