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En la República Dominicana el movimiento social Poder Ciudadano inició hace unos 4 meses lo que hoy conocemos como “Cadenas Humanas contra La Corrupción”, luego de la consternación que generar la muerte del Arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó dentro de un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) el 25 de septiembre del 2015. Esta entidad que evoluciona a partir de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora creada por el presidente Joaquín Balaguer en 1984 para “coordinar y fiscalizar las obras realizadas por el Estado”, pero que con el tiempo fue fortaleciéndose para convertirse hoy en la mayor empresa constructora del país, compitiendo con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, en franca violación a diversas leyes y compromisos que prohíben la duplicidad de funciones dentro del Estado dominicano.

¿Qué llevo a que David Rodríguez se suicidara?

El agobio al verse atrapado en una red de sobornos y manipulación por parte de quienes eran responsables de pagar las obras que el Estado asignaba a través de la OISOE, que en su caso era de un monto de 21,444,781.64 millones de pesos dominicanos. En una nota que se encontró junto a su cadáver señaló a Yoel Soriano y Alejandro de los Santos, como operadores de la red, quienes son funcionarios de esta institución pública, lo cuales hoy están siendo procesados por la justicia dominicana, sí que se vea ningún resultado o se señale a los autores intelectuales de esta mafia. La red funcionaba a partir del momento en que era otorgada una obra a determinado contratista, al mismo se le retenía el pago de las cubicaciones mientras que al mismo tiempo se le presionaba para la pronta culminación del trabajo, porque “el presidente quería inaugurarla pronto”, obligado al contratista a solicitar préstamos informales, que ellos mismo “facilitaban de su bolsillo” a altísimos interés para lograr la terminación de la obra.
El desvelamiento de esta red desató toda una movilización social desde hace 4 meses donde sectores de la sociedad civil han venido participando y realizando cadenas humanas cerca de la OISOE, como en otros lados del país. Se ha efectuado más de unas 200 cadenas en el Distrito Nacional, y otras ciudades importantes del país como Santiago, La Vega, Bonao, La Romano, Higuey, San Cristóbal, Moca, Bani, Barahona, Cotuí, Dajabon, Mao, entre otras.

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¿Cuál ha sido la repuesta del gobierno?

photo_2016-01-19_18-37-32El gobierno dominicano en primera instancia ha impedido la realización de la cadena humana frente a la OISOE y ha relegado a los manifestantes a una posterior de esa oficina con cordones policiales. Dándose hechos violentos de represión policial cuando los manifestantes han intentado hacer la actividad de forma sorpresa para llegar hasta la OISOE, tal es el caso de lo que sucedió el 25 de noviembre de año pasado. Con esta acción el gobierno viola la sentencia del Tribunal Superior Administrativo dominicano que un mes antes, el 21 de octubre, a instancias de los manifestantes, este tribunal ordenara a la Policía Nacional no impedir la realización de estas manifestaciones frente a la OISOE porque es una violación a los derechos que quedan establecidos dentro de la constitución dominicana, argumento el tribunal en la sentencia.
Este pasado miércoles 13 de enero al comenzar este año electoral que culmina el 16 de mayo los manifestantes organizados en Poder Ciudadano retomaron las cadenas humanas acompañados de la consigna “Ni jabón de cuaba / Ni lejía / Ni alcohol / Lavan las manos de la corrupción” y el mismo cerco policía, que bajo el argumento de la seguridad nacional, el Ministerio de Interior y Policía realiza en cada ocasión que se hace esta actividad debido a la proximidad de la OSIOE al Palacio Nacional, sede del gobierno dominicano. Para Poder Ciudadano, este argumento es una simple excusa del gobierno para impedir la manifestación y desgastar a quienes se quieren manifestarse, esperando que el tema sea olvidado.
Estas manifestaciones se dan en el contexto de una gran crisis del poder judicial dominicano, donde al principio de diciembre pasado, fueron expulsados de este poder del Estado dominicano dos jueces por formar parte de una red que vendía sentencia a políticos y narcotraficantes, Awilda Reyes y Fernando Arias Valera, este último no solo juez, sido miembro del Consejo del Poder Judicial, el órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial de la República Dominicana. Ambos jueces hoy están detenidos en esperar de ser jugados por los tribunales.
Todos esto a menos de un año de que los legisladores de los partidos mayoritarios, conservadores y de derecha, plantearan la eliminación de código procesal penal dominicano, el artículo 85, el cual permite a los ciudadanos someter ante los tribunales a funcionarios públicos en funciones por hechos de corrupción, pretendiendo dejar esa función solo al Ministerio Publico, órgano que depende directamente del presidente de la república. Debido a la presión social que realizo la ciudadanía luego de la modificación de esta ley el Poder Ejecutivo se vio obligado a vetar la ley, reiniciando nueva vez la discusión al respecto.