A fines de abril se conoció la noticia del embarazo de 21 semanas, de una niña que había sido abusada presuntamente por el padrastro. El mismo estuvo varias semanas prófugo. La madre había denunciado en una ocasión anterior el hecho, pero la denuncia había sido desestimada prácticamente sin investigar. Cuando el hecho se conoció la madre fue imputada como cómplice de abuso sexual y por violación del deber de cuidado y se encuentra privada de libertad.

Este dramático caso, que muestra las consecuencias de la falla de todo el sistema de protección de niñas y adolescentes en Paraguay, reavivó el debate sobre la penalización del aborto, a partir del pedido de interrupción del embarazo de la niña. Conforme a la legislación penal, el aborto está penalizado en todos los casos, salvo cuando haya un riesgo para la vida de la mujer (la niña, en este caso). Una junta médica ha dictaminado que la niña tiene “4 veces más riesgo de morir”, pero parece que esto no es considerado un riesgo suficiente para los médicos que la atienden.

Este caso también ha visibilizado que en Paraguay, cada 2 días una niña se convierte en madre, en su gran mayoría fruto de abuso sexual. Es por esto que se ha señalado, que además de la necesidad de políticas públicas de educación de la sexualidad que brinden herramientas para que las niñas puedan reconocer y denunciar situaciones de abuso, se ha abierto el debate en torno a la necesidad de la ampliación de causales de despenalización del aborto.

Este debate se ha trasladado al Parlamento, que se encuentra estudiando la modificación del tipo penal de aborto (artículo 109). En este contexto, se han presentado propuestas concretas de despenalización hasta las 12 semanas y posterior a las 12 semanas en cuatro causales: inviabilidad fetal, peligro para la salud de la mujer, violación y en el caso de menores de hasta 17 años. Esta propuesta fue presentada por la Campaña 28 de Setiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y apoyada por diversos sectores de mujeres y derechos humanos.

Por su parte, la organización internacional Avaaz ha iniciado una recogida de firmas para que el estado, teniendo en cuenta el caso paradigmático, considere despenalizar en casos de niñas de hasta 15 años y en los casos de violación. Hasta este momento se han recogido 510.131 firmas de todo el mundo para respaldar este pedido.

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En la mañana de hoy se ha llevado acabo la audiencia pública convocada por la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma Penal, con el fin de recolectar argumentos y opiniones antes de tomar una decisión. Estuvieron presentes organizaciones que están a favor y en contra de las modificaciones del tipo penal exponiendo sus argumentos. La Comisión espera tener una decisión tomada en las próximas semanas.

A  favor.

La Campaña 28 de setiembre es la única que ha presentado una propuesta con una redacción concreta. La misma se fundaba en que

“El aborto bajo condiciones inseguras es la principal causa de mortalidad de mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en Paraguay. La mortalidad materna evitable es además una de las estadísticas vergonzosas de nuestro país.

Pese a su actual penalización, el aborto es una realidad masiva para las mujeres del país. Se estiman más de 8.000 egresos hospitalarios anuales por causa del aborto. El problema afecta de manera más grave a las mujeres jóvenes: el 64% de los casos hospitalizados corresponde a la franja entre 15 y 29 años. La penalización impide siquiera saber cuál es la magnitud real de la práctica, pues sólo se registran  –aunque no siempre como aborto– los casos que llegan al sistema de salud por complicaciones o los denunciados ante el sistema penal. Esto representa un gasto enorme de recursos públicos, que podría ser evitado si las mujeres que deciden abortar lo hicieran sin el peso de la clandestinidad y con atención profesional adecuada. La atención oportuna podría incluso facilitar que una mujer reconsidere su decisión de abortar, si encuentra contención adecuada y apoyo de los organismos encargados de velar por su bienestar y el de niñas y niños.

Mientras que cada año mueren casi 30 mujeres en promedio debido a consecuencias del aborto, el castigo carcelario alcanza como mucho a tres mujeres por año. Casi todas estas personas guardan reclusión apenas por unos meses y sin sentencia condenatoria. La pena carcelaria inadecuada y excesiva causa más mujeres muertas que castigadas. Un análisis cualitativo de casos tratados por el sistema penal ha permitido concluir que los procesos penales violan de múltiples maneras los derechos humanos y sirven más como amedrentamiento que como sanción real ante el hecho que se considera punible. Además, dan lugar a un trato discrecional, abusivo y discriminatorio por parte de los agentes estatales encargados del proceso penal”[1].

[1] Texto de la presentación de la Campaña 28.